La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump son ilegales, lo que representa una derrota significativa para el mandatario en uno de los pilares de su agenda económica.
La decisión, adoptada con una votación de 6 contra 3, se centró en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia de 1977, incluidos los denominados aranceles “recíprocos” aplicados a casi todos los países. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra del fallo mayoritario.
El caso representa el primer asunto relevante de la agenda del presidente que llega directamente al máximo tribunal, al que el propio Trump contribuyó a conformar con el nombramiento de tres magistrados conservadores durante su primer mandato.
La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la administración Trump argumentó que la ley de 1977, que permite al presidente regular importaciones en caso de emergencia nacional, también le daba autoridad para establecer impuestos a las importaciones. Aunque otros mandatarios han invocado esta legislación en diversas ocasiones —principalmente para imponer sanciones—, Trump fue el primero en utilizarla para aplicar aranceles de amplio alcance.
En abril de 2025, el presidente impuso aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países para atender lo que calificó como una emergencia nacional derivada de los déficits comerciales. Previamente, había aplicado gravámenes a Canadá, China y México, argumentando una crisis relacionada con el narcotráfico.
La ofensiva arancelaria generó múltiples demandas judiciales, incluidas acciones presentadas por una docena de estados y por pequeñas empresas que alegaron afectaciones económicas. Los demandantes sostuvieron que la ley de poderes de emergencia no menciona explícitamente los aranceles y que su aplicación en este caso no cumple con los estándares legales.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de los aranceles podría alcanzar los 3 billones de dólares durante la próxima década. Además, el Departamento del Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones derivados de estas medidas.
No obstante, el fallo no impide que el presidente imponga aranceles bajo otras disposiciones legales, aunque estas limitarían la rapidez y el alcance de futuras acciones.
Las encuestas recientes muestran que los aranceles no cuentan con amplio respaldo entre la población, en un contexto de preocupación generalizada por el costo de vida y la inflación.
Información tomada de El Universal