Una jueza federal rechazó la solicitud del estado de Minnesota para frenar de manera inmediata las redadas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump, al determinar que no se acreditó, de forma concluyente, que el operativo federal sea ilegal.

La jueza de distrito Kate Menéndez resolvió que ni el gobierno estatal ni las autoridades locales demostraron que la denominada “Operación Metro Surge”, mediante la cual se reforzó la presencia de agentes migratorios en Minnesota, tuviera como objetivo obligar a los gobiernos locales a colaborar con la política migratoria federal o violara la ley.

En su resolución, la magistrada aclaró que el fallo no representa una decisión definitiva sobre el fondo del litigio, el cual continuará en tribunales, ni determina si acciones específicas de los agentes federales durante las redadas han sido ilegales.

Menéndez reconoció el impacto que el operativo ha tenido en la población del estado, pero sostuvo que conceder la orden judicial solicitada por Minnesota podría afectar la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley migratoria.

Tras el fallo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la decisión como una “enorme victoria legal”, al asegurar que ni las políticas santuario ni los litigios estatales impedirán que la administración Trump haga cumplir la ley federal de inmigración.

El fallo se da en un contexto de protestas, enfrentamientos y tensión social en Minneapolis, donde las redadas de ICE han generado manifestaciones, críticas de organizaciones civiles y cuestionamientos por el uso de la fuerza durante detenciones recientes.

Con información de agencias