Opinión de Emiliano Sesma
Por primera vez en la historia política reciente de México, Oaxaca abrió la puerta a un ejercicio de democracia directa que coloca al ciudadano en el centro de la toma de decisiones: la revocación del mandato del gobernador Salomón Jara Cruz. La baja participación ciudadana será uno de los retos a vencer para consolidar una cultura política electoral, pero más allá de eso ahora el poder podrá ser evaluado a mitad del camino, lo que empodera al ciudadano frente a las autoridades estatales.
El resultado, que favoreció la permanencia del mandatario, pero que no alcanzó el umbral legal para ser vinculante, deja un mensaje claro: la democracia no se agota en una jornada electoral. Oaxaca se convirtió en un laboratorio político nacional, mostrando que los ciudadanos pueden tener un mecanismo formal para expresar su respaldo o su inconformidad con el rumbo de un gobierno. Aunque la participación fue limitada, el ejercicio abrió una conversación pública sobre la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad.
Desde una perspectiva institucional, la organización del proceso, con la participación de organismos electorales y observadores, refuerza la idea de que estos mecanismos pueden realizarse en un marco de legalidad y orden. En este sentido, el reconocimiento del INE al señalar que este ejercicio puede servir como ejemplo para otras entidades no es menor: marca una pauta para que los estados de la República analicen la viabilidad de implementar esquemas similares de evaluación ciudadana.
Sin embargo, el reto está en lo que sigue. La baja afluencia a las urnas refleja desinterés, desconocimiento o desconfianza, factores que deben ser atendidos si se quiere que estos procesos tengan un verdadero peso político y social. La revocación de mandato no debe ser vista como una simple formalidad, sino como una herramienta viva de participación que exige información clara, difusión amplia y una ciudadanía consciente de su poder.
Oaxaca ha puesto sobre la mesa un modelo que puede transformar la relación entre gobernantes y gobernados en todo el país. La lección es clara: abrir canales para que la ciudadanía evalúe a sus autoridades fortalece la democracia, aunque el camino sea complejo. Por lo que hay que ponerle fecha a que ahora, corresponde a otros estados observar, aprender y decidir si están dispuestos a dar el mismo paso hacia una política más abierta, participativa y transparente.