El Congreso de Tamaulipas fue el número 17 en aprobar la Reforma Judicial con 17 votos a favor y 12 en contra, por lo que ahora será ley.
Los congresos que votaron a favor en las recientes horas fueron Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa y Guerrero; mientras que Querétaro fue la única legislatura que votó en contra.
Luego de una maratónica sesión de más de 13 horas en el Senado de la República, tanto en su sede oficial como en la alterna, la madrugada de este miércoles 11 de septiembre fue aprobada en lo general y lo particular la Reforma al Poder Judicial de la Federación, por lo que el dictamen sin modificaciones fue enviado a los estados.
Y es que al tratarse de una iniciativa emanada desde la Presidencia de la República, se requería -además del aval de la Cámara de Diputados y del Senado- la aprobación de 2/3 partes de los congresos estatales, es decir, 17 legislaturas.
Luego de lograrlo, la reforma será regresada al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
PAN impugnará ante la SCJN
La Comisión Permanente Nacional del PAN acordó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma al Poder Judicial, aprobada este martes en el Senado de la República.
En un comunicado, indicaron que en la impugnación que promoverá el partido ante la SCJN, consideran que el procedimiento tiene vicios que deben ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación.
Aunado a esto señalaron la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma, así como los cambios de sedes en ambas Cámaras para su discusión que calificaron como “irregulares” y la falta de certeza para la votación de las y los diputados.
Asimismo, indicaron que contiene elementos que la hacen una reforma electoral, pues crea procesos electivos para elegir a juzgadores y estos serán conducidos por un órgano electoral, modifica las reglas de elección de juzgadores electorales, extiende hasta 2027 los cargos de los magistrados de la Sala Superior y da una nueva temporalidad del cargo de quienes serán electos, entre muchos otros.