El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no es juez, esto en relación a la recomendación 59/2022 a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a su titular Verónica Hernández Giadáns, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia, en agravio a José Manuel del Río Virgen, al acreditarse supuestamente una detención arbitraria, imputación indebida de hechos, vulneración al debido proceso y a la debida diligencia.

Expuso que desde su posición como Ejecutivo del Estado podía emitir su postura, dijo que es falsa la acusación de violación a los derechos humanos, y recordó que el presunto responsable de homicidio primero promovió supuestas violaciones y después las retiró: “no las llevó a través de un juicio, ahora las activa a través de la Comisión, pero es el Juez quién determina si hubo violaciones a los derechos humanos, y el Juez no es la CNDH (sic)”.

De esta manera precisó que en un caso penal se tiene que dirimir bajo la misma instancia, que es el Poder Judicial.

En este sentido, aclaró que hasta el momento ninguna autoridad de competencia ha declarado tal violación.

De nueva cuenta el Gobernador cuestionó que la instancia no vele por los derechos de las verdaderas víctimas, pero sí se empeña en hacer valer las falsas violaciones del presunto homicida.

Aunado a ello dio a conocer que la CNDH tiene en sus manos una solicitud por parte de las víctimas, la familia, “para que se pronuncie al respecto de los derechos de la víctima que es Rene Tovar y la actuación de algunos personajes políticos que podrían interpretarse como obstrucción de la justicia y al momento no ha habido respuesta”.

También cuestionó la gravedad de que un Juez de Distrito se exceda en sus atribuciones sobre lo que debería determinar el Juez del caso, dando la resolución antes de valorar las argumentaciones de la FGE y sin considerar que los delitos graves, como el homicidio doloso que tiene prisión preventiva oficiosa.

En este sentido señaló que en caso de que el Juez determine lo contrario, entonces se está torciendo la ley y quedaría evidenciado que se prioriza al pudiente que cualquier otra persona.

Una vez más el Mandatario fue claro al exponer que no hubo violaciones a los derechos humanos: “no hubo fuerza desmedida en la detención y se cuidaron detalles a tal grado que el Juez de control determinó la validez de la detención aunado que se contaba con una orden de aprehensión (…) y no fueron argumentadas en el juicio”.