Como parte de la política de ordenamiento del sector minero impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México ha recuperado más de mil concesiones mineras que no cumplían con la legislación vigente o que eran utilizadas únicamente con fines de especulación, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Durante una exposición realizada en la conferencia matutina, el funcionario detalló que este proceso ha derivado en la cancelación de concesiones que abarcan cerca de 800 mil hectáreas, muchas de ellas sin actividad real de exploración ni cumplimiento en el pago de derechos.
Acompañado por el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz, Ebrard subrayó que la revisión tiene como objetivo recuperar concesiones donde no existían trabajos comprobables o que fueron otorgadas para mantenerlas inactivas con fines comerciales.
Aboitiz precisó que, hasta el momento, el número actualizado de concesiones recuperadas asciende a 1,126, con una superficie total de 809 mil 150 hectáreas, extensión similar a la del estado de Querétaro. Añadió que dentro de este proceso se logró recuperar alrededor de 20 mil hectáreas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas.
“El cuidado de las Áreas Naturales Protegidas es una política central de la Cuarta Transformación. No debe haber concesiones mineras en estos espacios y se ha trabajado de manera puntual para corregir situaciones heredadas”, afirmó el funcionario.
Las principales causas de cancelación están relacionadas con adeudos en el pago de derechos, ya que la ley establece que un retraso de dos años es suficiente para retirar una concesión. También se detectaron omisiones en la entrega de informes técnicos, estadísticos y de obras, documentos obligatorios para demostrar que existe actividad minera real.
Además de las revocaciones por incumplimiento, Aboitiz señaló que el gobierno ha sostenido diálogos con empresas del sector para que, de manera voluntaria, devuelvan concesiones que no utilizan. Aunque estos casos representan una proporción menor, destacó que ha habido disposición por parte de la industria.
En cuanto a la distribución territorial, las cancelaciones se concentran en entidades con fuerte tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco. En contraste, Campeche, Quintana Roo y Tabasco prácticamente no registran actividad minera, mientras que en Yucatán esta se limita principalmente a la explotación de sal.
El funcionario también destacó que cerca del 90 por ciento de las concesiones canceladas pertenecían a personas físicas, y no a grandes corporativos. “Es común que algunos particulares mantengan concesiones colindantes a minas activas esperando que estas crezcan para luego venderlas. Ese es un esquema típico de especulación”, explicó.
Finalmente, mencionó que algunas empresas de gran tamaño, como Minera Autlán y Peñoles, han mostrado apertura para reducir voluntariamente el número de concesiones que poseen, en coordinación con la autoridad, como parte del combate a estas prácticas.
Con iformación de agencias