La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio por concluida la investigación pericial relacionada con la explosión de una pipa de gas registrada el pasado 10 de septiembre en la calzada Ermita Iztapalapa, determinando que el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad y el factor humano, descartando fallas estructurales o mecánicas.
Durante la presentación del informe, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que se realizaron más de 270 dictámenes técnicos en 16 especialidades distintas, los cuales permitieron establecer que el conductor de la unidad perdió el control al tomar una curva a velocidad excesiva, lo que ocasionó la fractura del tanque y una fuga masiva de gas que derivó en la explosión e incendio.
Los peritajes descartaron daños en la infraestructura vial del puente de Iztapalapa, así como fallas mecánicas en la pipa, confirmando que el origen del accidente estuvo directamente relacionado con la conducción imprudente.
Asimismo, la Fiscalía identificó omisiones administrativas por parte de la empresa operadora, principalmente en materia de capacitación y supervisión del personal. Estas deficiencias, sumadas a la conducta del conductor, generaron condiciones de alto riesgo que derivaron en la tragedia.
El saldo del siniestro fue de 144 personas afectadas, entre ellas 32 fallecimientos y 63 lesionados, además de ocho personas que presentan secuelas psicológicas graves. También se registraron daños patrimoniales en 42 familias y negocios de la zona. Las autoridades confirmaron que todas las víctimas mortales fueron plenamente identificadas mediante pruebas genéticas, incluidas dos personas en situación de calle que inicialmente permanecían sin identificar.
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que 52 pacientes continúan bajo seguimiento médico, recibiendo atención especializada que incluye cirugías reconstructivas, rehabilitación física y apoyo en salud mental, a través de instituciones de alta especialidad.
En materia de reparación del daño, el Gobierno capitalino informó la formalización de 143 acuerdos reparatorios por un monto total de 480 millones de pesos, de los cuales ya se ha cubierto el 90%. Los recursos fueron destinados prioritariamente a los familiares de las víctimas mortales y a las personas que resultaron con lesiones permanentes, lo que representa uno de los mayores procesos de justicia restaurativa en la historia reciente de la ciudad.
Como medida preventiva, la administración local reformó el Reglamento de Tránsito para vialidades como Ermita Iztapalapa, estableciendo restricciones horarias para el transporte de hidrocarburos y reduciendo la velocidad máxima permitida a 30 kilómetros por hora. Además, se implementó una plataforma de monitoreo en tiempo real para supervisar estas unidades y prevenir futuros accidentes de esta magnitud.
Información de agencias