La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
BBC