Bernabé Vallejo Olvera
Se han cumplido cinco años del trágico homicidio de la periodista María Elena Ferral Hernández en la calle Mina, frente a la extinta Notaría número 6, aproximadamente a las 11:00 horas del 30 de marzo del año 2020.
Fue agredida a balazos en ese entonces por sujetos desconocidos.
A pesar de haber sido ingresada al Hospital Regional y ser intervenida quirúrgicamente, horas más tarde perdería la vida por las lesiones por proyectil de arma de fuego.
Durante este lapso de cinco años han sido detenidas, procesadas y sentenciadas varias personas; incluso, un ex regidor y un ex comunicador.
En algunos casos, María Elena Ferral tuvo inconvenientes con personas que se oponían a las notas y opiniones cuando desempeñaba su carrera periodística.
Durante su trayectoria recibió varios premios por el periodismo a nivel local, estatal y nacional.
Varias personas han sido detenidas
Como comentábamos, son varias personas las que han sido detenidas, procesadas y sentenciadas por el caso del homicidio de la periodista. Incluso, a uno de los supuestos involucrados determinó un juez no vincularlo a proceso y pudo obtener su libertad. Todo está asentado dentro del proceso penal 46/2020.
Hasta la fecha hay ocho personas detenidas imputadas por el homicidio doloso de Ferral Hernández.
Otros detenidos fueron Othoniel “N”, alias “El Loco” quien fue presentado en su momento como el supuesto conductor de la motocicleta desde donde dispararon a Maria Elena Ferral; mientras que el supuesto tirador, Carlos “N”, fue capturado en Poza Rica el 27 de abril de 2020.
En el mismo operativo también fueron aprehendidos Luis “N”, alias “El Coco”; Alfredo “N”, alias “El Fello”, y Nicasio “N”.
Otro señalado como partícipe es el ex regidor de Papantla, Efraín Rivera, líder taxista que fue detenido el 25 de abril de 2020 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército; el 15 de mayo del 2021 le fue ejecutada una orden de aprehensión por el asesinato de la comunicadora cuando salía del penal federal de Villa Aldama.
Los sentenciados y los prófugos
El 26 de abril de 2020 se detuvo a José “N”, reportero de un medio de comunicación regional, imputado como responsable del crimen. Según fuentes, las autoridades judiciales le encontraron un mensaje de texto involucrándolo en forma directa como participe del asesinato y fue aprehendido por policías ministeriales en la ciudad de Poza Rica; el 2 de mayo del 2020 le dictaron un año de prisión preventiva en su contra y el 11 de julio del año pasado le dictaron 15 años de sentencia .
El pasado viernes 12 de mayo de 2023, la jueza Gabriela Ordorica Ávila determinó la culpabilidad de tres hombres en los hechos, recibiendo una sentencia de 30 años y la reparación del daño que deberán pagar por su participación en el delito.
Los encontrados culpables por parte de la impartidora de justicia fueron Alfredo Pérez Jiménez, Othoniel Hernández Cano y Carlos Pérez Jiménez.
Quienes continúan prófugos son Jaime “N”, conocido como “El Ingeniero”; y Basilio “N”, ex diputado de Papantla y ex alcalde de Coyutla, a quien también señalan como autor intelectual.
Entre los detenidos, también se encuentra una persona identificada como Luis Ángel “N”, alias “La Güicha”, quien fue aprehendido en julio de 2022.
Un liberado
Otro detenido fue un taxista llamado Antonio “N”, pero fue liberado.
A través de una serie de alegatos y documentos que fueron presentados, la defensa legal de Antonio “N” logró obtener un amparo por parte de un juez federal, debido a que no se encontraron medios de prueba que permitieran comprobar su participación en el homicidio de la extinta comunicadora.
Antonio “N” fue detenido por parte de agentes ministeriales el 14 de mayo de 2021 con base a la orden de aprehensión 016/PC/2020, cuando salía de la ciudad judicial en Papantla tras haber obtenido su libertad por el delito de ultrajes a la autoridad. En esa ocasión fue por el delito de homicidio culposo en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández.
Para su última audiencia, realizada el pasado 28 de febrero de 2024, Antonio “N” fue trasladado desde el Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos para ser presentado en la sala de juicios por mandato de un juez federal, quien ordenó la no vinculación a proceso y pudo obtener su libertad.