Por Emiliano Sesma
La reforma al poder judicial impulsada en un inicio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es hasta ahora la reforma más ambiciosa de este sexenio. Sin dudas, la aprobación de esta reforma marcará un antes y un después en el sistema de justicia en México. La importancia de esta reforma lleva a que sea esencial la realización de foros para el análisis y la discusión de las ideas planteadas por el presidente López Obrador, tal como sucederá el viernes 12 de julio en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa.
El poder judicial es uno de los más longevos en nuestro país, ya que fue hace más de 209 años cuando se instaló lo que en ese entonces se nombró Suprema Corte de Justicia. Fue un 7 de marzo de 1815 cuando la Constitución de Apatzingán estableció el Poder Judicial y mediante todas las formalidades debidas se integró un Tribunal. Desde ese entonces en conmemoración cada 07 de marzo se celebra el día del servidor público del poder judicial de la federación.
Después de ese hecho, la primera Constitución Federal de México de 1824 ratificó y amplió el capítulo del acta constitutiva que hizo referencia a la Corte Suprema. El poder judicial tuvo contadas modificaciones a su estructura, solo con una pequeña pausa gracias a la constitución de 1835 cuando se implementó el centralismo en nuestra forma de gobierno, gracias a los gobiernos de Bustamante y Santa Anna. Posterior a eso, el poder judicial en nuestro país tuvo modificaciones en cuestión al número de integrantes de ministros en su Sala.
Sin embargo, fue en 1994 cuando se realizaron los últimos cambios importantes al poder judicial. En esa reforma se le dieron nuevas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, entre las que destaca la resolución de controversias constitucionales; las acciones de inconstitucionalidad; la resolución de asuntos en que pudiera valer el interés de la Federación; y el cumplimiento de las sentencias de amparo. Además, de la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el cual retiró atribuciones a la Suprema Corte como la designación, traslado y remoción de jueces y magistrados.
El tema que se abordará el viernes 12 en el edificio C del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Xalapa será precisamente sobre el Consejo de la Judicatura, para el cual se espera la participación de expertos en la materia. Además, de la asistencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García. Estos espacios son de gran importancia para el análisis de lo que será el cambio más significativo del poder judicial mexicano en todo el siglo XXI.
La historia mexicana está llena de capítulos que no demuestran la lucha de poderes. Uno de ellos amerita ser retomado por el tema en análisis. La constitución de 1824 contemplaba la figura del vicepresidente, así fue durante los primeros años del México independiente. Sin embargo, fue una ventana de posibilidad para que los vicepresidentes intentarán dar un golpe de estado y quedarse con la presidencia. Ante esto en 1847, se reformó para que fuese el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia quien asumiera la presidencia ante la ausencia de este, a partir de ese momento fueron los titulares del poder judicial quienes intentaron llegar a la presidencia de la república mediante alguna “inestabilidad política”, el caso más reconocido fue Benito Juárez cuando sucedió a Ignacio Comonfort.
La coyuntura actual del México requiere de una reforma al poder judicial, que permita la pronta resolución de los delitos locales, aunado a todo lo que propone el presidente López Obrador, es necesario poner atención a la justicia local, ya que el 93% de los delitos son locales. La reforma al poder judicial debe profundizarse en los poderes judiciales locales, policías y fiscalías. Solo así, podremos evitar jueces corruptos, faltistas y arribistas que de una u otra manera dañan a los ciudadanos. La invitación al lector es ponerle fecha a la lucha de poderes que estamos viviendo entorno a la reforma al poder judicial, además de la importancia de la participación ciudadana en los foros consultivos.