Por Fanny Yépez
A nueve días de los triunfos sigue el frenesí de festejos por las victorias logradas en los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM) pero no hay tiempo que perder, sobre todo porque la próxima Legislatura federal entra en vigor el primero de septiembre, por lo tanto, las y los legisladores tienen 45 días para armar sus programas de trabajo.
Ojalá que a los representantes populares no se les olviden los compromisos contraídos, y mucho menos la problemática que aqueja a los ciudadanos en cada uno de sus distritos electorales.
Los próximos diputados al asumir sus escaños tendrán la gran responsabilidad de sacar adelante las 18 reformas constitucionales que barca el “Plan C” . Todos se deben preparar para un intenso debate que se armará en las sesiones legislativas.
Ahí en tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro se verá la valía, temple, capacidad y preparación de cada uno de las y los diputados, porque lamentablemente algunos desconocen cuántos artículos tiene la Constitución Mexicana y cuáles son los que abarcan las garantías individuales. Así que señoras y señores les recomiendo que se pongan a estudiar nuestra Carta Magna.
Por si se les olvidó, la Constitución Mexicana contiene 136 artículos, y 19 transitorios, distribuidos en nueve títulos. Los primeros 29 artículos son los que abarcan los derechos humanos.
Hay que recordar que el paquete de reformas presentado por AMLO el 5 de febrero pasado, en el marco del Aniversario de la Constitución, contempló dos proyectos de cambios legales y 18 de ajustes a la Carta Magna, los cuales quedaron pendientes de dictaminarse en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Entre las iniciativas más importantes es la de Reforma al Poder Judicial, documento que propone que las personas que se desempeñen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular en las urnas. Plantea topar los salarios de los integrantes del Poder Judicial, y reducir los integrantes de la SCJN y su periodo de su encargo.
Otro de los temas que ocupará los tiempos de asambleístas es lo referentes de la desaparición de los Órganos Autónomos.
Ésta reforma administrativa contempla desaparecer a los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETE), y que sus funciones serían absorbidas por diversas dependencias federales. También se suprimirían organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos(CNH); la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema de Mejora Continúa de la Educación.
También cabe resaltar los cambios al sistema de pensiones que propone el Ejecutivo Federal. Ese proyecto pretende revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los ex presidentes, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, subir el monto mínimo al que tienen derecho las personas jubiladas y crear desde la Carta Magna un fondo semilla, como el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, por más de 64,000 millones de pesos para financiar las pensiones.
El paquete de reformas contemplan cambios: Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Electricidad como sector estratégico; cambios en la Guardia Nacional; Sistema de Salud Universal; Tope a los Salarios y Austeridad; salarios de profesores, policías y enfermeras; reconocimiento de los programas sociales; Programa de Aprendices; cerco contra el fentanilo, vapeadores y cigarrillos electrónicos. Acciones sobre maíz, agua y fracking, Protección animal, trenes de pasajeros y vivienda.