Pablo Jair Ortega

(Lo siguiente es una denuncia anónima verificada en videollamadas con la víctima; por cuestiones legales y de seguridad de la fuente, se omiten nombres y números de expedientes)

Los hechos ocurrieron el día 13 de diciembre de 2020, con un trabajador de la Secretaría de Salud que se desempeña como chofer de unidades de transporte de personal, así como de quirófanos móviles del área de Atención Médica de la Jurisdicción V.

De una bodega perteneciente a dicha jurisdicción (que se localiza en Banderilla en el camino a Naolinco) este trabajador sustrajo –según la fuente denunciante– de las unidades móviles un aparato de ultrasonido, con diversos accesorios como un colposcopio, etc.

El valor aproximado en el mercado de dicho aparato es de 500 hasta 700 mil pesos.

De acuerdo con los hechos narrados, el trabajador habría sobornado con 500 pesos al guardia de turno para que guardara silencio y aprovechando que le dejan unidades a su cargo, utilizó una de éstas (una camioneta tipo van) para sacar sin problema alguno dicho aparato.

Según la fuente, la intención era venderlo a un supuesto médico en Córdoba.

Posteriormente, bajo amenazas, escondió el aparato en casa de quien fue su pareja sentimental, misma que ha promovido el divorcio ya que es víctima de violencia por parte del presunto ladrón.

“Cuando él realizó este robo inmediatamente le cuestioné la procedencia y la razón de haberlo robado. Al oponerme a su plan y mi negativa a guardar dicho aparato en mi domicilio, recibí una golpiza, lo cual era común en nuestro matrimonio y la amenaza de no decir nada sino volvería a lastimarme físicamente”.

Narra: “A las pocas semanas me armé de valor y le solicité el divorcio además de pedirle se saliera de mi casa, lo cual ocurrió no sin antes volverme a amenazar con quedarme callada con el aparato que había robado y exigiéndome lo mantuviera en mi domicilio, pues el no podía moverlo, le resultaba comprometedor”.

Comenta que cuando por fin sacó sus cosas de su domicilio, al paso de las semanas volvía a amenazarla de que no hablara nada.

Incluso logró librar, aparentemente, un inventario que se realizó en enero de 2021, ya que él mismo hizo dicho recuento como responsable de las unidades móviles de Banderilla (también llamadas unidades médicas), por lo que sin problema pudo eliminar el ultrasonido.

“Al iniciar los trámites legales del divorcio, iniciamos pláticas para llegar a un convenio, le presente mi propuesta a través de mi abogada, ya que yo no quería seguir poniendo en peligro mi integridad al verlo personalmente. En una reunión de mi abogada con él y su abogado, quiso ‘negociar’ la entrega del ultrasonido en el convenio de divorcio argumentando que de no hacerlo afectaría su trabajo ya que ‘se le había asignado para su compostura’, lo cual resultaba ilógico ya que él apenas terminó la preparatoria y no tiene conocimientos para arreglar un aparato médico tan complejo, además de que sus responsabilidades no incluyen tareas de ese tipo; mi entonces abogada se negó a dicha solicitud y les explico que se entregaría con una orden de la Secretaría de Salud y ante notario público, para lo cual ellos se retractaron de su solicitud”, detalla.

Por esta situación, la fuente denunció que vinieron ataques legales hacia su persona, además de acoso y amenazas. En ese pleito legal incluso le quitaron la guardia y custodia de su hijo, quien actualmente está con dicho trabajador.

“Cansada de tanto acoso y violencia de parte de este hombre es que decido denunciar, primero lo realicé de manera escrita y ratifiqué el 14 de agosto de 2021, ante la UIPJ DISTRITO XI Xalapa, ubicada en Úrsulo Galván (atrás del Diario de Xalapa) frente a la fiscal. La denuncia parecía ir avanzando rápidamente para la integración de la carpeta, ya que a los poco días policías ministeriales acudieron a mi domicilio para verificar lo dicho en mi denuncia y tomar fotografías del ultrasonido; poco después se comunicó conmigo la fiscal para informarme que ya se había notificado a l Secretaría de Salud de la denuncia y habían respondido, confirmando que dicha persona sí era empleado de ellos, además de que al acudir ellos a la Fiscalía, pudieron acceder a las fotografías que yo proporcioné desde el inicio de la denuncia y se dieron cuenta que sí era suyo el ultrasonido”.

Abundó que personal la Secretaría de Salud y Fiscalía acudieron a su domicilio para hacer la investigación pertinente… pero pasaron la semanas y nada.

SIN AVANCES

Desde la última vez de esa visita de representantes de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado –comenta la fuente– han pasado cerca de cinco meses y decidió consultar el estatus de la investigación.

“Luego de esa visita, pasaron las semanas y acudía a preguntar cómo iba el avance y la respuesta siempre era la misma: ‘el perito no ha entregado su reporte’ y sin el reporte no se puede integrar carpeta y judicializar el caso, además que con ese reporte SESVER podría localizar la factura y reclamar su propiedad… A finales del año pasado, mi aún esposo continuó con sus amenazas, cada vez fueron subiendo más por lo que desesperada acudí con más insistencia, ya que lo único que quiero es entregar dicho ultrasonido”.

Comenta que a principios de febrero acudió nuevamente a la fiscalía a ver cómo seguía la investigación y se encontró con la novedad de que el caso había cambiado de fiscal y que el reporte del perito aún no se recibía.

“Es claro que aquí están tapando la situación, no entiendo cómo un reporte de periciales puede tardar casi 5 meses”.